Solvencia económica y técnica: cómo saber si tu empresa puede licitar

Qué es la solvencia en la contratación pública

La solvencia es la capacidad que debe demostrar una empresa para ejecutar correctamente un contrato público. El artículo 74 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) exige que, para poder contratar con la Administración, acredites unas condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional, o bien la clasificación empresarial correspondiente.

Cada pliego (en concreto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, PCAP) fija sus propios requisitos de solvencia. Por eso, antes de invertir horas en preparar una oferta, el primer paso inteligente es comprobar si tu empresa cumple esos mínimos. Si no los cumples y no puedes integrarlos con medios externos, tu oferta será excluida sin llegar siquiera a valorarse.

Solvencia económica y financiera

Regulada en el artículo 87 de la LCSP, acredita que tu empresa tiene músculo financiero suficiente. Los medios más habituales que exigen los pliegos son:

• Volumen anual de negocios: el más común. El importe mínimo exigido no puede superar una vez y media el valor estimado del contrato (salvo justificación motivada en el expediente).
• Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por un importe igual o superior al exigido en el pliego.
• Patrimonio neto o ratios (por ejemplo, ratio entre activos y pasivos) al cierre del último ejercicio.

Normalmente basta con acreditar uno de estos medios, el que indique el pliego. Se justifica con cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, declaraciones del impuesto sobre sociedades o un certificado de la compañía aseguradora.

Solvencia técnica o profesional

Demuestra que tienes experiencia y medios para ejecutar el objeto del contrato. La LCSP regula los medios admisibles según el tipo de contrato: artículo 88 para obras, artículo 89 para suministros y artículo 90 para servicios. Los más frecuentes son:

• Relación de los principales contratos similares ejecutados en los últimos 3 años (servicios y suministros) o 5 años (obras), avalada por certificados de buena ejecución.
• Titulación y experiencia del equipo técnico que se adscribirá al contrato.
• Certificaciones de calidad o gestión ambiental (ISO 9001, ISO 14001, ENS, etc.) cuando el pliego las pide.
• Maquinaria, instalaciones y equipo técnico del que dispone la empresa.

Un detalle clave: el medio de solvencia técnica que exige el pliego debe estar vinculado al objeto del contrato y ser proporcionado. Si crees que un requisito es desproporcionado, puede ser motivo de recurso.

La clasificación empresarial

La clasificación (artículos 77 a 83 LCSP) es un sello oficial, otorgado por la Junta Consultiva de Contratación, que acredita de antemano tu solvencia para un grupo, subgrupo y categoría de contratos.

• En contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 € la clasificación es obligatoria.
• En contratos de servicios no es exigible, pero si la tienes sustituye a la acreditación concreta de solvencia, ahorrándote papeleo en cada licitación.

¿No llegas por ti mismo? Integra medios externos

El artículo 75 de la LCSP permite acreditar la solvencia apoyándote en la capacidad de otras entidades (por ejemplo, una empresa del grupo, un subcontratista o un socio en UTE), siempre que demuestres que dispondrás efectivamente de esos medios durante la ejecución del contrato. Es la vía habitual para que una pyme acceda a contratos que, sola, no podría acreditar.

Errores frecuentes que provocan exclusión

• No leer el apartado de solvencia del PCAP hasta el final del proceso.
• Confundir solvencia económica con solvencia técnica y aportar el documento equivocado.
• Presentar certificados de buena ejecución sin el detalle (importe, fechas, destinatario) que exige el pliego.
• Olvidar el compromiso de adscripción de medios cuando el pliego lo solicita (artículo 76).